La labor que realiza un Vigilante es permanente, subordinada y corresponde el registro en la planilla electrónica.


Ley del Vigilante: lo que deben saber empresas y trabajadores | Radio  Nacional de Colombia

PODER JUDICIAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN

1° Sala Laboral Permanente de Huancayo

Jirón Parra del Riego Nº 400, El Tambo, Central telefónica (064) 481490

Sumilla: La labor que realiza un vigilante tiene la característica de ser permanente, subordinada y además, por su propia naturaleza, está sujeta a un horario de trabajo impuesto por el empleador

Expediente Nº 01257-2017-0-1501-JR-LA-03

JUECES : Corrales, Cristoval y Montes

PROVIENE : 2° Juzgado Especializado de Trabajo

GRADO : SENTENCIA APELADA

Juez Ponente : Edwin Ricardo CORRALES MELGAREJO

RESOLUCIÓN Nº 11

Huancayo, 9 de noviembre de 2017.

En los seguidos por Isaías Vicente Aliaga contra el Ministerio Público – Distrito Fiscal de Junín sobre demanda de reposición, el Colegiado ha expedido en segunda instancia la:

SENTENCIA DE VISTA N° – 2017

I. ASUNTO

Materia del Grado

1. Viene en grado de apelación la Sentencia contenida en la Resolución Nº 8 del 22 de Agosto de 2017 que obra a páginas 168 y siguientes en el extremo que declara INFUNDADA la demanda.

Fundamentos del recurso

2. La mencionada resolución es apelada por la parte demandante mediante recurso de pp. 185 y ss., cuyos fundamentos de los agravios se resumen en indicar lo siguiente:

a) El juez de origen inaplica el principio de primacía de la realidad, dado que en la realidad de los hechos, el recurrente desempeñó el cargo de guardián (vigilante), el mismo que por su naturaleza deviene en un cargo de carácter permanente.

b) Para resolver el presente caso, se debe tomar en cuenta los indicios de laboralidad, que coadyuvan a encontrar los elementos de un contrato de trabajo en caso de duda u oscuridad en una relación laboral.

c) El juez no aplicó el numeral 23.2 del artículo 23° de la NLPT que señala: “Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario”.

TEMA DE DECISIÓN:

3. En la presente controversia, corresponde determinar si el demandante mantuvo un vínculo laboral de régimen privado a plazo indeterminado con el Ministerio Público de Junín.

II. FUNDAMENTOS

LAS RAZONES QUE JUSTIFICAN LA DECISIÓN:

Del derecho al trabajo

4. El artículo 22° de la Constitución Política del Perú, establece: “El trabajo es un deber y derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona”. Por su parte, el inciso 1 del artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, prescribe: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”. En ese mismo orden de ideas, el numeral 1 del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económico, Sociales y Culturales, señala: “Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derechos a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán las medidas adecuadas para garantizar este derecho”. En tal sentido, el derecho al trabajo también engloba la protección al trabajador de que la suscripción de sus contratos se realice sin fraude, es decir, sin desnaturalizar sus contratos.

5. Régimen laboral peruano

En principio, debemos tener presente la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, recaída en el expediente número 1397-2001-AA/TC, en cuyo fundamento tres señala que:

“El régimen laboral peruano se sustenta, entre otros criterios, en el llamado principio de causalidad, en virtud del cual la duración del vínculo laboral debe ser garantizada mientras subsista la fuente que le dio origen. En tal sentido, hay una preferencia por la contratación laboral por tiempo indefinido respecto de aquella que pueda tener una duración determinada. Dentro de dicho contexto, los contratos sujetos a un plazo tienen, por su propia naturaleza, un carácter excepcional, y proceden únicamente cuando su objeto lo constituye el desarrollo de labores con un alcance limitado en el tiempo, sea por la concurrencia de determinadas circunstancias o por la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar. Como resultado de ese carácter excepcional, la ley les establece formalidades, requisitos, condiciones, plazos especiales e, incluso, sanciones, cuando, a través de ellos, utilizando la simulación o el fraude, se pretende evadir la contratación por tiempo indeterminado. Dentro de estos contratos, a los que el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 denomina Contratos de Trabajo Sujetos a Modalidad, se encuentra el contrato temporal y el contrato accidental-ocasional. Mientras que el primero corresponde cuando deben realizarse actividades que no pueden ser satisfechas por el personal permanente de una entidad, el segundo se utiliza cuando se requiere la atención para necesidades transitorias, distintas a las actividades habituales de una empresa. Para ambos supuestos la ley establece plazos máximos de duración, así como la exigencia de que las causas objetivas determinantes de la contratación consten debidamente por escrito”.

6. En efecto, el régimen laboral privado tiene como regla general la contratación directa del personal a plazo indeterminado, por parte de toda empresa o entidad, y excepcionalmente, la contratación modal por causas objetivas que justifiquen la temporalidad, accidentalidad y especialidad del servicio u obra.

Diferencias entre el contrato de trabajo y el contrato de locación de servicios

7. El contrato de locación de servicios ha sido definido en el artículo 1764° del Código Civil como aquel acuerdo de voluntades por el cual “el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución”.

8. De lo expuesto, se aprecia, como sostiene Infantes, que: “el elemento determinante, característico y diferenciador del contrato de trabajo en relación con el contrato de locación de servicios es de la subordinación del trabajador con respecto al empleador, lo cual le otorga a este último la facultad de dar órdenes, instrucciones o directrices a los trabajadores con relación al trabajo por el que se les contrató (poder de dirección), así como la de imponerle sanciones ante el incumplimiento de sus obligaciones de trabajo (poder sancionador o disciplinario)”.

Principio de primacía de la realidad

9. El Tribunal Constitucional estableció en la Sentencia recaída en el Exp. N° 0833-2004-AA/TC, sobre el principio de primacía de la realidad que: “(…) en virtud del principio de primacía de la realidad –que es un elemento implícito en nuestro ordenamiento y, concretamente, impuesto por la propia naturaleza tuitiva de nuestra Constitución-, según el cual, en caso de discordia entre lo que ocurre en la realidad y lo que aparece en los documentos o contratos, debe otorgarse preferencia a lo que sucede y se aprecia en los hechos (…)”.

Elementos de la relación laboral

10. Según Puntriano Rosas para que opere el mencionado principio resulta importante acreditar en los hechos que la relación que vincula a las partes es de naturaleza laboral. Tengamos en cuenta que la misma presupone la existencia de tres elementos esenciales, a saber:

· Prestación personal: La prestación de servicios es la obligación del trabajador de poner a disposición del empleador su propia actividad laboral, la cual es inseparable de su personalidad, y no un resultado de su aplicación que se independice de la misma.

· Remuneración: Atendiendo el carácter oneroso del contrato de trabajo, podemos definir la remuneración como la obligación del empleador de abonar al trabajador una contraprestación, generalmente en dinero, a cambio de la actividad que éste pone a su disposición.

· Subordinación: Vínculo jurídico entre el deudor y el acreedor del trabajo, en virtud del cual el primero ofrece su actividad al segundo y le confiere el poder de conducirla. Sujeción de un lado, y dirección del otro, son los dos as­pectos centrales del concepto.

11. Ahora bien, existen casos específicos en que los elementos esenciales mencionados no se evidencian de manera fehaciente, situación que, como sostiene Neves Mujica “se agudiza y dificulta nuestra calificación cuando alguna de las partes, generalmente el empleador, pretende encubrir la existencia del vínculo laboral para evitar el cumplimiento de sus obligaciones frente al trabajador.”

12. En estos casos, la doctrina sugiere recurrir a los rasgos sintomáticos de la relación laboral, los que podrán ser definidos como “un conjunto de elementos de hecho de los más diversos que permiten decidir a quien efectúa la calificación, muchas veces indirectamente y por vía de presunción, sobre la existencia de un vínculo de subordinación jurídica no necesariamente porque sean evidencia de un mando efectivo, sino indicios de la presencia del derecho de mandar y la obligación de obedecer”.

13. Algunos de estos rasgos sintomáticos son:

· La incorporación del trabajador en el proceso productivo de la empresa, es decir, estar incorporado en la organización del empleador.

· El lugar de ejecución del contrato, siendo un indicio de subordinación que el servicio se preste en las instalaciones del empleador.

· El cumplimiento de un horario de trabajo.

· El control efectivo del trabajador.

· La continuidad y la permanencia.

Presunción de Laboralidad

14. El artículo 23.2 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo (en adelante NLPT) señala que “acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia del vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario”.

15. Sostiene Puntriano Rosas que “la presunción de laboralidad se esgrime como una herramienta de facilitación probatoria al trabajador con la finalidad que resulte más sencillo poder demostrar la existencia de una relación laboral, y a su vez pueda exigir los derechos laborales que le corresponden”.

16. El profesor Puntriano, sobre el principio de la desigualdad compensatoria en materia probatoria en el proceso laboral, anota lo siguiente: “Nuestra Ley recoge una serie de herramientas de facilitación probatoria para la parte trabajadora (…) debido al supuesto de desigualdad entre las partes, pues el trabajador posee difícil acceso a los medios probatorios. (…) Se recogen una serie de herramientas para compensar dicho desequilibrio. Una de esas herramientas son los sucedáneos de los medios de prueba previstos. Esta distribución de la carga de la prueba es una manifestación del principio tuitivo propio del proceso laboral, pues apunta a “reequilibrar la posición de desigualdad inicial del demandante y garantizar así la paridad de armas”.

17. Por otro lado, en la Recomendación N° 98 sobre la Relación de Trabajo adoptada en el año 2006 en la 95° Conferencia Internacional, la Organización Internacional de Trabajo (OIT) ha fijado líneas directrices que concordando con lo expresado por el Tribunal Constitucional en el fundamento 17 de la STC N° 02111-2010-PA/TC podría ser sintetizadas bajo tres tópicos básicos:

  • La política nacional debería incluir medidas tendientes a luchar contra las relaciones de trabajo encubiertas, en el contexto de, por ejemplo, otras relaciones que puedan incluir el recurso a otras formas de acuerdos contractuales que ocultan la verdadera situación jurídica, entendiéndose que existe una relación de trabajo encubierta cuando un empleador considera a un empleado como si no lo fuese, de una manera que oculta su verdadera condición jurídica, y que pueden producirse situaciones en las cuales los acuerdos contractuales dan lugar a que los trabajadores se vean privados de la protección a la que tienen derecho.
  • La existencia de una relación de trabajo debería determinarse principalmente de acuerdo con los hechos relativos a la ejecución del trabajo y la remuneración del trabajador, sin perjuicio de la manera en que se caracterice la relación en cualquier arreglo contrario, ya sea de carácter contractual o de otra naturaleza, convenido por las partes.
  • Los Estados miembros deberían establecer medidas eficaces destinadas a eliminar los incentivos que fomentan las relaciones de trabajo encubiertas.

La jurisprudencia

18. Sobre el particular, cabe traer a colación la Cas. Lab. N° 14440-2013 LIMA, que en su parte pertinente establece el criterio jurisprudencial siguiente:

(…), si bien el artículo 23.2 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497, señala que, si la parte demandante acredita la existencia de una prestación personal de servicios, consecuentemente el juzgador debe presumir la concurrencia de los otros elementos (remuneración y subordinación) para la configuración de una relación laboral salvo prueba en contrario; cierto es que dicha facilitación probatoria no implica una ausencia de probanza de parte del trabajador demandante, toda vez que por lo menos debe aportar indicios razonables del carácter laboral de la relación bajo discusión. En ese sentido y, atendiendo a la nueva estructura del proceso judicial laboral prevista en la Nueva Ley Procesal del Trabajo es necesario que los jueces actúen sesudamente en la aplicación de la presunción de laboralidad, exigiendo verdaderos indicios a los trabajadores que la invoquen, pues no se trata de eximir de toda prueba al demandante, sino solamente facilitarle dicha actividad (…)

19. La prueba indiciaria

Este tipo de prueba indirecta, supone otorgarle el debido valor probatorio, pues, algunos cometen el error de desdeñarla y preferir la prueba directa como medio idóneo de acreditación. En palabras de Gascón: revela una injustificada minus valoración de la prueba indiciaria, así como un mal entendimiento y una injustificada sobrevaloración de la prueba directa. Sin embargo, solucionando esta controversia doctrinaria, y a la luz del principio tuitivo laboral expresado en su faz procesal, la NLPT en su artículo 23.5, le da la importancia debida a los indicios, a saber:

23.5 En aquellos casos en que de la demanda y de la prueba actuada aparezcan indicios que permitan presumir la existencia del hecho lesivo alegado, el juez debe darlo por cierto, salvo que el demandado haya aportado elementos suficientes para demostrar que existe justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

Los indicios pueden ser, entre otros, las circunstancias en las que sucedieron los hechos materia de la controversia y los antecedentes de la conducta de ambas partes.

Análisis del caso

20. La presente controversia se centra en determinar, la naturaleza del vínculo contractual que mantuvo el actor con la demandada, por el periodo del uno de mayo de 2016 hasta el dos de junio de 2017 (extremo que fue fijado en el Acta de Audiencia Única de p. 165), al existir abierta discrepancia entre lo afirmado por las partes, pues, en el caso de haberse establecido un contrato laboral del régimen privado a plazo indeterminado con la parte demandada, el actor solo podía ser despedido por una causa justa relacionada con su conducta o capacidad y previo procedimiento disciplinario.

21. En principio, es importante señalar que, según los recibos por honorarios obrantes a pp. 7 y ss., y lo admitido por el Ministerio Público en su escrito de contestación de la demanda (p.106), que el actor prestó el servicio de guardianía para la sede del Distrito Fiscal de Junín desde mayo del año 2016 hasta el 2 de junio de 2017.

Al respecto, el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha determinado la verdadera naturaleza del vínculo laboral de los trabajadores que brindan el servicio de guardianía. En efecto, en la sentencia recaída en el Expediente N° 05057-2013-PA/TC, el Tribunal señaló lo siguiente:

“Debe resaltarse además que la labor que realiza un guardián tiene la característica de ser permanente, subordinada y además, por su propia naturaleza, está sujeta a un horario de trabajo impuesto por la entidad emplazada, por lo que queda acreditado que con la suscripción del contrato civil se pretendió esconder una relación de naturaleza laboral”.

En efecto, las labores de guardianía implican velar por la seguridad del personal, patrimonio e instalaciones de la institución, lo que implica una labor continua y con vocación de permanencia.

22. Respecto de la subordinación

Asimismo, un indicio importante para identificar la verdadera relación contractual que existió entre las partes es la subordinación. En el presente caso, puede identificarse esta característica a través del Comunicado emitido por el Ministerio Público (p.13), en ella se establece órdenes e imposiciones que debía acatar el personal de vigilancia a fin de proteger las instalaciones de la entidad, a saber:

“…en los numerales 6 y 8 literal A Capítulo VII de la Resolución N° 680-2014-MP-FN establece que una de las funciones del personal de vigilancia bajo responsabilidad y de dar cuenta a esta Administración es la protección y vigilancia de las instalaciones, personal y colaborar en el control de asistencia del personal, así como de las papeletas de salidas, debiendo informar a la Administración sobre el personal que sale sin la respectiva autorización”.

En cumplimiento a dicha disposición, está bajo su custodia el Registro de Asistencia del personal administrativo, médico legal y fiscales, adicional a ello deberá contar con un registro de ocurrencias, en la misma que registrará como personal de vigilancia las ocurrencias del personal y otros, además todo personal que abandone la institución en horas de trabajo.

En mérito a ello, a partir de la fecha deberá remitir a esta Administración, copias del Registro de Asistencia o copia de la tarjeta de control de asistencia del personal administrativo (…) copia de su cuaderno de ocurrencias, así como las boletas de salidas originales debidamente ordenados por fechas, a más tardar el 21 de cada mes por el periodo del 20 del mes anterior al 20 del mes en curso.

23. Entonces, se puede observar del texto precedente, que existía un poder de dirección sobre el trabajador, pues sus funciones no solo implicaban la seguridad del establecimiento, sino también el control de asistencia y salidas de los trabajadores de la entidad, registro que posteriormente debía remitir a la Administración para su supervisión.

24. Otro indicio de subordinación que se cumple en el presente caso es que el servicio se prestó en las instalaciones del empleador.

25. Por otro lado, es importante tomar en consideración que el Acta de Infracción N° 181-2016 emitido por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) el año 2016 llega a las siguientes conclusiones sobre la Fiscalía y sus trabajadores (p.14):

“Según el resultado de la búsqueda en la página web de la SUNAT-Consulta RUC, el sujeto inspeccionado ha declarado como actividad económica principal: “Actividades de la administración pública en general”, donde no registra trabajadores.

Los hechos verificados constituyen una infracción al ordenamiento jurídico, consistente en:

No cumplir con el registro en planilla electrónica en el régimen común Decreto Legislativo N° 728 a los que tienen derecho los trabajadores (…).

Por la desnaturalización de los contratos se califica como una infracción muy grave en materia de relaciones laborales.

-No cumplir con la entrega de boletas de pago a los que tienen derecho los trabajadores”.

Estas faltas identificadas por la SUNAFIL, permiten colegir que existe una intención por parte de la demandada de encubrir u ocultar la existencia del vínculo laboral con ciertos trabajadores, para evitar el cumplimiento de sus obligaciones frente a éstos, pues se advierte que frente a la administración tributaria, ha ocultado el efectivo número de trabajadores con los que cuenta y la verdadera relación jurídica que mantiene con éstos, entendiéndose que “existe encubrimiento cuando un empleador considera a un empleado como si no lo fuese, de una manera que oculta su verdadera condición jurídica” 

26. En consecuencia, esta conducta de la demandada nos permite conocer los antecedentes de la conducta de la emplazada, respecto al trato informal con sus trabajadores.

27. Con base a lo anterior, debemos concluir que si el juez constata la existencia de una relación laboral a pesar de la celebración de un contrato de servicios civil o mercantil, deberá preferir la aplicación de los principios de la primacía de la realidad y de irrenunciabilidad de derechos sobre una simulación indebida amparada en el de buena fe contractual que preconiza el Código Civil, para reconocer los derechos laborales que correspondan, así se estableció en el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral realizado en el año 2000 en la ciudad de Tarapoto.

28. En ese mismo sentido, manifiesta el profesor Neves al señalar que el fraude a la ley consiste en: “eludir la regulación de la ley aplicable al hecho (ley defraudada), amparándose en una ley en estricto no aplicable a él (ley de cobertura)”. En el caso que nos ocupa, la ley defraudada sería la que regula la contratación laboral de la actora por parte de la demandada (LPCL), mientras que la ley de cobertura sería la regulación del Código Civil sobre el contrato de locación de servicios.

29. Por último, es menester precisar que los argumentos presentados por la demandada en su escrito de demanda ya fueron respondidos por el juez de origen; en efecto, respecto de la excepción de caducidad, ésta fue declarada infundada durante la Audiencia de Juzgamiento y en relación al argumento que sostiene que debe aplicarse el precedente Huatuco y que el actor debió ingresar por concurso público, también fue desestimado por el juez de origen en el fundamento sexto de su sentencia (p.176), puntos que no fueron apelados por la entidad demandada.

30. En consecuencia, teniendo en cuenta que se encuentra a cargo del empleador demandado, no solamente negar la existencia de una relación laboral sino demostrarlo y, tomando en consideración que: “bastará que el trabajador demuestre que prestó servicios de forma personal para un empleador para presumirse la existencia de un contrato de trabajo, debiéndose entender como prestación personal de servicio a la obligación del trabajador de poner a disposición de su empleador su fuerza de trabajo”. Cabe amparar la pretensión de la demandante y reconocer la relación laboral a plazo indeterminado que mantuvo con el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Junín.

Sobre el pago de costos y costas

31. El demandante pretende que el Ministerio Público pague los costos del proceso.

32. Al respecto, si bien es cierto, el artículo 413° del Código Procesal Civil, establece que las instituciones estatales, se encuentran exentas de condena de costas y costos la Sétima Disposición Complementaria de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, prescribe lo siguiente: “En los procesos laborales el Estado puede ser condenado al pago de costos”. De una interpretación literal del texto en mención, se desprende que la posibilidad de condenar al pago de costos al Estado, no es una obligación para el juzgador, sino una potestad que tendrá que evaluarse caso por caso.

33. En el presente proceso, al haberse determinado que el derecho reclamado por el demandante es amparable y verificarse elementos suficientes por parte de la demandada para desconocer el derecho invocado, dentro de las potestades normativas, se justifica condenar al pago costos del proceso a la entidad demandada, a fin de reponer al actor los gastos incurridos en su defensa, en el devenir del presente proceso judicial.

34. Conclusión

En ese orden de ideas, corresponde ordenar la reposición del actor en el cargo de Agente de Seguridad y Vigilancia de la institución demandada, pues la labor que realiza un vigilante tiene la característica de ser permanente, subordinada y además, por su propia naturaleza, está sujeta a un horario de trabajo impuesto por el empleador. Por lo que, en agravio del actor se perpetró un despido incausado e inconstitucional, tal como alegó la defensa técnica del demandante durante la Audiencia de Juzgamiento (20’’21’). Para cuyo efecto, como premisa previa a la orden de reposición, a merecido analizar la desnaturalización de los contratos civiles que unió a las partes, y reconocer el contrato de trabajo a plazo indeterminado existente entre éstos. Por lo que debemos de revocar la apelada.

III. DECISIÓN

De acuerdo a los fundamentos expuestos, la Sala ejerciendo justicia a nombre de la Nación RESUELVE:

1) REVOCAR la Sentencia contenida en la Resolución Nº 8 del 22 de Agosto de 2017 que obra a páginas 168 y siguientes en el extremo que declara INFUNDADA la demanda.

2) REFORMÁNDOLA, la declararon FUNDADA.

3) ORDENARON a la entidad demandada reponer al trabajador Isaías Vicente Aliaga en el cargo de Agente de Seguridad y Vigilancia en las instalaciones del Ministerio Público, de la Oficina de la Fiscalía Provincial de Chupaca, en un contrato de trabajo a plazo indeterminado en el Régimen Laboral Privado, con las mismas condiciones económicas y de trabajo que venía gozando antes del despido, en el plazo de cinco (5) días de notificada la presente, bajo apercibimiento de multa compulsiva equivalente a cinco (5) URP, y remisión de copias a la Fiscalía Provincial de Turno para que actúe de acuerdo a sus facultades contra los que resulten responsables del desacato de la presente orden judicial.

4) CONDENARON a la demandada a pagar los costos del proceso, que se liquidarán en ejecución de sentencia.

NOTIFÍQUESE DEVUÉLVASE.

[1]Juez Superior Titular y Presidente de la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Junín.

 [2]INFANTES CÁRDENAS, Gisela Margot. “Desnaturalización de los contratos de locación de servicios. Expediente N° 01846-2005-PA/TC”. En Actualidad Empresarial, N° 217, Segunda Quincena de Octubre 2010. P. VI-8

[3]PUNTRIANO ROSAS, César. La presunción de laboralidad en la Nueva Ley Procesal de Trabajo en Doctrina y Análisis de la Nueva Ley Procesal de Trabajo. Ver: http://sistemas.amag.edu.pe/publicaciones/derecho_trabajo/doctrina_analisis_ley_trabajo.pdf

[4] NEVES MUJICA, Javier. Introducción al Derecho Laboral. Lima, 2000. Fondo Editorial de la Pontifica Universidad Católica del Perú.


[5] SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo. “La presunción de laboralidad: una pieza clave para el rearme institucional del derecho del trabajo en el Perú”. En: Laboren, revista de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social N° 3. Año 2003. Lima


[6]PUNTRIANO ROSAS, César. La presunción de laboralidad en la Nueva Ley Procesal de Trabajo en Doctrina y Análisis de la Nueva Ley Procesal de Trabajo. Ver: http://sistemas.amag.edu.pe/publicaciones/derecho_trabajo/doctrina_analisis_ley_trabajo.pdf


[7]PUNTRIANO ROSAS, Cesar: La prueba de la relación de trabajo en el proceso laboral. A propósito de la vigencia y la Nueva Ley Procesal del Trabajo. La prueba en el proceso laboral. Guía Práctica 3. Diálogo con la jurisprudencia. Pág. 44 – 46.


[8] Llamada también prueba indiciaria o circunstancial, esto es, que un conjunto de indicios o hechos indicadores o bases probados directamente permiten al Juez mediante una inferencia mental concluir en la certeza que el hecho indicado o consecuencia, central en la controversia, se realizó. De este modo, un hecho desconocido, imposible de probar directamente, es posible probarlo indirectamente.


[9] Es el medio probatorio que surge de modo directo, espontáneo e instantáneo de la fuente de la prueba, y que el Juez toma conocimiento sin requerir mayor inferencia, gracias a la claridad de la información probatoria, y por si sola causa certeza y convicción en el juzgador.


[10] GASCÓN ABELLÁN, Marina. “Prueba y Verdad en el Derecho”. IFE. México, 2004. p. 69. Recuperado de http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/prueba%20y%20verdad%20en%20el%20derecho.pdf


[11]Recomendación N° 98 sobre la Relación de Trabajo adoptada en el año 2006 en la 95° Conferencia Internacional de la Organización Internacional de Trabajo


[12] Ver en Internet:http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/documentos/..%5C..%5C
CorteSuprema%5Ccij%5Cdocumentos%5CAcuerdo_Pleno_Laboral%202000_220408.pdf


[13] Sentencia Nº 045-2014-11 º, JETPL ,Caso Sánchez Zavala contra Backus.


[14] Están exentos de la condena en costas y costos los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público, los órganos constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales y locales.

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